Por tercera vez, la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) sirve como vehículo para presentar una legislación enfocada en los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por su nombre en inglés). Esta nueva propuesta, conocida informalmente como el “Schumer Act”, representa el intento más ambicioso hasta la fecha de desenmascarar décadas de presunto secretismo gubernamental. Con un presupuesto de 20 millones de dólares, la ley propone la creación de una Junta de Revisión independiente con poder de citación legal, acceso a programas clasificados, e incluso autoridad para ejercer expropiación por dominio eminente sobre tecnología y materiales en poder de contratistas privados.
UN PRIMER GOLPE A LA SECRECÍA
El proyecto de ley no escatima palabras:
“Todos los registros del Gobierno Federal relativos a fenómenos anómalos no identificados deben presumirse como divulgables de forma inmediata y todos los registros deben ser finalmente divulgados para permitir al público estar completamente informado sobre la historia del conocimiento y participación del Gobierno Federal en relación con los fenómenos anómalos no identificados”. Esta frase deja clara la intención de acabar con el secretismo institucional que ha rodeado estos temas durante más de 80 años. Casos como el de Paul Bennewitz, engañado por miembros de la Fuerza Aérea, cobran relevancia bajo esta nueva luz de transparencia.
EL PELIGRO DE LOS VACÍOS LEGALES
Aunque el Pentágono ha declarado repetidamente que los UAP no constituyen una amenaza directa, su alto nivel de clasificación contradice esta posición. El nuevo texto advierte:
“La legislación es necesaria porque evidencia y testimonios creíbles indican que existen registros gubernamentales sobre fenómenos anómalos no identificados que no han sido desclasificados ni están sujetos a revisión obligatoria de desclasificación”.
Esto se debe en parte a exenciones contenidas en leyes como la Ley de Energía Atómica de 1954, que protege programas vinculados a energía nuclear y permite ocultar incluso tecnología de origen no humano si ha sido etiquetada como parte del “Programa de Energía Atómica”.
“Información sobre los programas de energía atómica de otras naciones que ha sido removida de la categoría de Datos Restringidos para uso de la comunidad de inteligencia [...] está excluida de las provisiones de desclasificación automática”.
Este escudo legal podría haber permitido la recuperación secreta de tecnología exótica durante décadas.
OBJETIVO: LA CASA BLANCA Y EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA
El Acta acusa de manera directa al Poder Ejecutivo de obstaculizar la transparencia:
“La legislación es necesaria porque [...] la Ley de Libertad de Información (FOIA) implementada por el Poder Ejecutivo ha demostrado ser inadecuada para lograr la divulgación pública oportuna de los registros gubernamentales sobre fenómenos anómalos no identificados”.
Y va más allá:
“La legislación es necesaria para restaurar la supervisión adecuada por parte de funcionarios electos [...] que ha estado ausente hasta la promulgación de esta ley”.
La implicación es clara: si programas secretos de recuperación y estudio de tecnología no humana existieran, podrían estar operando de forma autónoma desde hace décadas, sin supervisión real ni conocimiento de los actuales funcionarios electos.
LA JUNTA DE REVISIÓN: INDEPENDIENTE, PODEROSA Y CON ACCESO TOTAL
Para supervisar el proceso de desclasificación, se propone una Junta de Revisión conformada por al menos nueve ciudadanos imparciales, todos con altos niveles de reputación profesional y sin vínculos previos con programas secretos:
“Ninguno de ellos deberá haber tenido participación anterior o actual en programas heredados relacionados con la recolección, explotación o ingeniería inversa de tecnologías de origen desconocido, ni en el examen de evidencia biológica de inteligencia no humana”.
Entre sus miembros deberá haber un científico, un historiador, un ingeniero, un economista, y al menos un exfuncionario de seguridad nacional o de relaciones exteriores.
La Junta tendrá autoridad legal para:
“Solicitar al Fiscal General que emita citaciones judiciales para obligar a particulares a testificar, entregar registros e información”.
Además, se le concederán las mismas autorizaciones de seguridad que poseen los programas presidenciales más sensibles.
DOMINIO EMINENTE Y MATERIALES NO HUMANOS
Una de las disposiciones más impactantes es la capacidad del gobierno para confiscar tecnología o evidencia biológica de origen no humano que esté en poder de entidades privadas:
“El Gobierno Federal ejercerá el dominio eminente sobre cualquier y toda tecnología recuperada de origen desconocido y evidencia biológica de inteligencia no humana [...] en interés del bien público”.
PLANEACIÓN DE DIVULGACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
El Acta también propone un Plan de Divulgación Controlada, donde cada documento no desclasificado deberá acompañarse de:
“Una justificación escrita no clasificada para su divulgación o aplazamiento, incluyendo una explicación de los estándares aplicados”.
Además, se faculta al Departamento de Estado a contactar gobiernos extranjeros que puedan poseer material relevante.
Esto último podría tener un aliado inesperado en el actual Secretario de Estado, Marco Rubio, exsenador y ferviente defensor de la transparencia en temas UAP.
PROTECCIÓN A TESTIGOS Y DENUNCIANTES
El texto extiende las protecciones legales a todos los testigos, observadores cercanos y exempleados de programas secretos que colaboren con la Junta. Los denunciantes, como David Grusch, han sufrido represalias severas, y este apartado busca restaurar la confianza en el proceso.
“Los testigos, observadores cercanos y denunciantes que proporcionen información directamente a la Junta tendrán las protecciones legales especificadas en la Ley Nacional de Defensa para el Año Fiscal 2023”.
EL CAMINO POR DELANTE
Aunque la propuesta ha sido celebrada por miembros del Congreso como Eric Burlison y Anna Paulina Luna, aún queda un largo recorrido legislativo. El próximo paso será su tratamiento en la Cámara de Representantes, donde se esperan esfuerzos similares.
Con audiencias pendientes para septiembre y crecientes tensiones con agencias como AARO, el éxito de esta legislación dependerá del respaldo político, la presión ciudadana y la disposición real del Ejecutivo a compartir secretos celosamente guardados durante décadas.
Fuente: Baptiste Friscourt, artículo publicado el 30 de julio de 2025: “Sen. Schumer's new UAP act targets the White House and the Department of Energy using a 20,000,000$ Review Board”.
JOSE ANTONIO CARAV@CA
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